Violencia institucional
La violencia, en sus
múltiples manifestaciones es siempre una forma de ejercicio del
poder mediante el empleo de la fuerza e implica la existencia de un
¨arriba¨ y un ¨abajo¨, reales o simbólicos, que adoptan
habitualmente la forma de roles complementarios. El empleo de la
fuerza, se constituye así, en un método posible para resolver
conflictos como el intento de doblegar la voluntad del ¨otro¨, de
anularlo precisamente, en su calidad de ¨otro¨. Las exigencias
económicas de la globalización imponen cambos profundos que
conllevan consecuencias sociales de desestructuración, disgregación
y exclusión social y, ¨prácticas desembozadamente ajenas a la ley
son perpetuadas precisamente por quienes tienen la responsabilidad
social y legal de cuidar de los ciudadanos, de mantener el orden en
su mundo, de preservar la estabilidad y predictibilidad de sus vidas,
constituyendo esto, una forma de violencia institucional que afecta a
la sociedad en su conjunto.
La sociología de la
organización ha dejado suficiente constancia de que los valores
normativos estratégicos, y los modelos de las organizaciones
administrativo-políticas, no dependen del azar ni del capricho de
sus miembros, sino que tienden a estar en consonancia con los
imperativos de su entorno socioeconómico y político institucional.
La corrupción y la fragilidad en las instituciones arraigan en la
violencia institucional, incluida la del propio Estado, y tales
prácticas se incorporan al ¨modelo autorizado¨ en todos los
sectores de la actividad, públicos y privados, resultando así, que
la primera modalidad de conducta violenta es la violación de las
leyes y /o retardo en la aplicación de las normas vigentes.
De los que se trata
es que nuestras instituciones cumplan un papel protector. Cuando esto
no ocurre, cuando las instituciones que deben proteger causan daño,
lo hacen de una manera tal que, la violencia y el daño quedan
mistificados y justificados, llegando incluso a desfigurar el Estado
de Derecho. La mayoría de los países democratizados recientemente
no se encaminan hacia un régimen democrático representativo e
institucionalizado, ni parece siquiera que lo vayan a hacer en un
futuro previsible.
Las formas de
democracia ¨ delegativas ¨ se basan en la premisa de que la persona
que gana la elección presidencial está autorizada a gobernar como
él o ella crea conveniente, sólo restringida por la cruda realidad
de las relaciones existente y por la limitación constitucional del
término de su mandato. La delegación (por parte de los ciudadanos)
incluye el derecho (y el deber) del presidente de administrar los
amargos remedios que recompondrán la salud de la nación.
En las democracias
institucionalizadas, esta responsabilidad no es sólo vertical - es
decir la implicada en el hecho de que periódicamente los gobernantes
deben rendir cuentas en las urnas -, sino también horizontal. Ella
opera mediante una red de poderes relativamente autónomos - es
decir, instituciones, organismos constitucionales - que pueden
examinar y cuestionar y, de ser necesario sancionar, recomendar
sanciones por actos irregulares cometidos durante el dempeño de los
cargos públicos.
Mas aún, puesto que
los presidentes delegativos ven a las instituciones que efectivizan
la responsabilidad horizontal como un impedimento contra su ¨
misión¨, hacen persistentes esfuerzos para trabar su
funcionamiento. El hecho de que un gobierno perciba la necesidad de
introducir instrumentos normativos o telemáticos para imponer ¨
transparencia ¨, indica que el respectivo Estado experimenta una
problemática estructural de ¨opacidad¨ (déficit de
transparencia). Una vez introducidos, dichos instrumentos
cumplirán un rol meramente ritual, dado que la ¨opacidad¨ es sólo
un síntoma de una problemática da anomia que se manifiesta a través
de:
1) la violación del
estado de derecho por parte de las coaliciones en el poder,
2) la impunidad con
que dichas coaliciones ejercen y promueven la ilegalidad
3) las artimañas y
pugnas en que incurren dichas coaliciones para bloquear o desvirtuar
eventuales resistencias a sus designios. Es sabido que la falta de
información acerca de los actos de gobierno así como el desinterés
y la falta de participación ciudadana en el control de los mismos
crea condiciones propicias para la comisión de ¨irregularidades¨.
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